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Ambos participan este jueves en la jornada sobre ‘Ruido y derechos’, organizada por la Procuradora, y en la que también toma parte el magistrado de lo Contencioso Administrativo y de la Red de Expertos en Derecho de la UE del Consejo General del Poder Judicial, David Ordóñez Solís.
Pese a no disponer de datos sobre recepción de reclamaciones, la Procuradora señalo que se trata de ‘un tema que va a mayores’, porque ‘cada vez hay más sensibilidad, y cada vez llegan más quejas, en relación con locales de ocio, bares… pero también en menor medida de empresas’. Así, aboga por ‘conciliar los intereses de todos’.
El fiscal dio cuenta de la preocupación de los tribunales en este sentido, si bien aclaró que los casos que llegan a la vía penal son muy minoritarios. Eso sí, ‘con penas de hasta siete años y medio de prisión, y dado que la mínima son tres años y seis meses, supone el ingreso penitenciario’. A modo de ejemplo, recordó la sentencia del año 2010, por la que se condenaba a 27 meses de cárcel a los gestores de un ‘tablao’ flamenco en Avilés.
FUENTE: terra.es
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